El gobierno del Presidente de la República de Guatemala, Doctor Bernardo Arévalo de León a través del Ministerio de Gobernación (MINGOB) y la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), lanzó oficialmente la Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala 2025–2035, una iniciativa histórica que busca garantizar la vida, integridad y labor de quienes promueven y defienden los derechos humanos en el país. La política pública fue validada en Consejo de Ministros durante el acto público de lanzamiento realizado en el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura y posteriormente, el Presidente Arévalo entregó el documento a la Familia Gudiel Álvarez, peticionarios del caso “Defensor de Derechos Humanos Vs. Guatemala”.
Durante su discurso, el Presidente de la República puntualizó que “el Estado de Guatemala está en disputa: por un lado están los intereses oscuros que siguen agazapados en muchos rincones de la administración pública y algunos sectores de la sociedad; y, por otro, está el mandato que el pueblo de Guatemala le ha otorgado al Poder Ejecutivo: el mandato de rescatar las instituciones y ponerlas de nuevo al servicio del pueblo digno”. Agregó que, “en ese contexto tan complejo, nuestro gobierno tiene la voluntad política y está haciendo los esfuerzos necesarios para contener cualquier agresión contra las personas defensoras de derechos, luchando contra la inercia de viejos hábitos autoritarios y violentos, y contra actores que han capturado diversas instituciones del sistema justicia para proteger a los agresores, a los corruptos, a sus aliados y a todos los que se benefician de la impunidad”.
El evento contó con la participación de defensores de derechos humanos, autoridades ancestrales, Cooperación internacional, cuerpo diplomático acreditado en Guatemala y periodistas. Esta política representa un paso firme para saldar una deuda histórica con quienes han dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos en Guatemala.
La política responde al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida en 2014, en el caso Defensor de Derechos Humanos y Otros vs. Guatemala, que ordenó al Estado implementar medidas de protección y reparación integral. El proceso, iniciado en 2016, fue retomado en 2024 por la actual administración con el acompañamiento técnico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
El documento establece tres ejes estratégicos: prevención de riesgos y amenazas, protección integral y acceso a la justicia y reparación digna, promoviendo acciones coordinadas entre instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil. La política reconoce el papel esencial de las personas defensoras como pilares de la democracia y garantes de los derechos fundamentales.
El instrumento de política pública que hoy entregamos compromete a las instituciones del Poder Ejecutivo a promover el respeto de los derechos humanos de las personas defensoras, y a reconocer su rol en una sociedad democrática.
El Ministerio de Gobernación fungirá como ente rector de la política, mientras que la COPADEH asumirá la secretaría técnica del Consejo Coordinador. Además, se contará con la participación de doce ministerios y una secretaría de Estado, así como con espacios consultivos y de monitoreo para la sociedad civil, asegurando una implementación participativa y transparente.
Con esta acción, el Gobierno de Guatemala reafirma su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales.
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