En esta actividad participaron autoridades de los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como representantes de la sociedad civil, organismos de cooperación internacional y algunos familiares de personas desaparecidas durante el Conflicto Armado Interno.
Durante el acto de lanzamiento, el presidente Bernardo Arévalo hizo entrega del MEBHU a representantes de organizaciones que han dedicado sus esfuerzos a la búsqueda de personas desaparecidas y a la defensa del derecho a la memoria y la justicia. Entre ellos, Fredy Peccerelli, director ejecutivo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG); Paulo Estrada, presidente y representante legal de la Asociación Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA); Marco Antonio Garavito, director de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental (LGHM); y Rosalina Tuyuc, fundadora de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala. Estas organizaciones han desempeñado un papel fundamental en la búsqueda de personas desaparecidas y en el acompañamiento a sus familias.
La COPADEH promueve el mecanismo fundamentado en las obligaciones constitucionales, legales y de derecho internacional asumidas por el Estado de Guatemala, así como en los compromisos derivados de los Acuerdos de Paz y en el cumplimiento del Plan de Reparación y Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno en Guatemala 2026–2036.
El MEBHU constituye una respuesta integral del Gobierno del Presidente Bernardo Arévalo, para atender una deuda histórica del Estado con las víctimas del Conflicto Armado Interno (CAI) y sus familias. Este instrumento operativo busca garantizar los derechos a la verdad, la memoria, la reparación integral y la no repetición mediante acciones coordinadas, técnicamente sustentadas y respetuosas de los derechos humanos, contribuyendo al fortalecimiento de la justicia transicional. Además, responde a la necesidad de coordinar y articular esfuerzos interinstitucionales, así como de fortalecer la colaboración con organizaciones especializadas, con el propósito de esclarecer el paradero de las personas desaparecidas, consolidar un registro nacional de información y asegurar la participación efectiva de las familias en los procesos de búsqueda.
Las acciones establecidas en el MEBHU se desarrollarán promoviendo una adecuada coordinación interinstitucional y garantizando la participación de los familiares de las víctimas mediante el acompañamiento que sea requerido. Para alcanzar sus objetivos, será indispensable fortalecer los procesos de articulación y coordinación entre las organizaciones de la sociedad civil que, durante décadas, han impulsado acciones de búsqueda; las instituciones competentes del Organismo Ejecutivo; y otras entidades del Estado, en el ámbito de sus respectivas funciones y competencias.
Este mecanismo incorpora enfoques diferenciales, territoriales y culturales, priorizando a las comunidades más afectadas por la violencia. Asimismo, contempla acciones específicas para la búsqueda de niñas y niños y adolescentes víctimas de desaparición o de adopciones irregulares durante el Conflicto Armado Interno. De igual forma, prevé el fortalecimiento técnico de los equipos responsables, el Registro Único de Víctimas (RUV) como el registro de todas las violaciones ocurridas en el CAI, la creación el registro específico de desaparecidos y la implementación de protocolos que garanticen el respeto a la dignidad de las víctimas y la preservación de la memoria histórica.
El MEBHU no solo representa una herramienta técnica, sino también un compromiso político y ético del Estado de Guatemala con su historia y con la construcción de una paz duradera basada en la verdad, la justicia y la reconciliación.
Contexto histórico y desafíos humanitarios vinculados a las desapariciones
Las consecuencias humanitarias de más de 30 años de Conflicto Armado Interno fueron devastadoras, especialmente para la población civil. De acuerdo con el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), establecida mediante el Acuerdo de Oslo del 23 de junio de 1994, se registraron aproximadamente 200,000 personas fallecidas, alrededor de 45,000 personas desaparecidas y más de 1.5 millones de personas desplazadas. La mayoría de las víctimas pertenecían a pueblos indígenas mayas, afectados por la política de tierra arrasada y por masacres sistemáticas ocurridas en distintas regiones del país, entre ellas la región Ixil, en Quiché.
Hoy, el Estado reconoce de manera clara y firme que la búsqueda de personas desaparecidas constituye una obligación indelegable. No se trata de un gesto ni de una acción opcional; es un deber jurídico, ético y humano. Por esa razón, se asume un compromiso concreto con las víctimas, sus familias y la sociedad guatemalteca.
La COPADEH reconoce que ninguna acción institucional puede borrar el dolor vivido y que la confianza no se decreta; se construye paso a paso, a través de hechos y resultados. Por ello, este compromiso no sé medirá por las palabras, si no por las acciones que permitan avanzar en la búsqueda de la verdad y la dignificación de las víctimas.
El Estado estará al lado de los familiares en esta búsqueda, una búsqueda que no solo persigue encontrar a las personas desaparecidas, sino también alcanzar la verdad, la justicia, la memoria y la dignidad.
Porque cada persona desaparecida tiene un nombre, una historia y una familia que la espera. Porque cada vida cuenta. Porque no puede haber futuro sin verdad.
Ese es el compromiso que hoy se asume: un compromiso con las víctimas y sus familias, con el país y con la humanidad.
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